Reformar sin financiar

El Gobierno ha anunciado nuevas reformas en las leyes de Dependencia y Discapacidad. En principio, suenan esperanzadoras. Pero el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha lanzado una advertencia que no deberíamos ignorar: sin financiación real, estas reformas no servirán para mejorar la vida de las personas.

Llevamos casi dos décadas de promesas incumplidas. Desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006, más de 900.000 personas han fallecido esperando una prestación. Solo en 2024, murieron 35.000 personas dependientes sin recibir ayuda.

España destina a la dependencia el 0,89% del PIB, muy por debajo de la media europea (1,8%). El CEDDD propone elevarlo al 2%, un objetivo mínimo para empezar a reparar un sistema colapsado.

Mientras tanto, casi 300.000 personas siguen en lista de espera. El tiempo medio de tramitación de un expediente supera el año.  Cada 15 minutos, una persona dependiente muere en España sin recibir la ayuda a la que tiene derecho. Ese dato debería bastar para poner fin a la indiferencia. Y quienes sostienen el sistema —las cuidadoras no profesionales, en su mayoría mujeres— aportan un valor equivalente al 4% del PIB sin recibir el reconocimiento ni la compensación que merecen.

Desinstitucionalizar sin demonizar

En este sentido, CEDDD celebra avances como:

• La eliminación de la incompatibilidad de prestaciones.
• El refuerzo de la atención domiciliaria.
• El reconocimiento de los cuidadores del entorno relacional.

Al mismo tiempo, la entidad alerta sobre el riesgo de que el discurso de la desinstitucionalización se convierta en una cruzada ideológica.No todos los centros residenciales son espacios de aislamiento. Muchos ofrecen atención personalizada, autonomía y calidad de vida.

Desinstitucionalizar no debe significar desmantelar, sino ofrecer libertad de elección: que cada persona pueda decidir dónde y cómo quiere vivir.

Desigualdad territorial y necesidad de un pacto de Estado

Una de las grandes brechas del sistema sigue siendo la desigualdad territorial. El acceso a las prestaciones varía según la comunidad autónoma, lo que genera una discriminación por lugar de residencia.

Consideramos que se debe llegar a un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que fije mínimos comunes para todo el país. No puede ser que el código postal determine el derecho a una vida digna.

Además, la reforma de la Ley General de Discapacidad (LGD) prevé la creación del Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal. Una medida prometedora que solo será eficaz si se gestiona con participación real de las entidades del sector.

 Reformar no es suficiente: hay que cumplir

El verdadero reto no está en escribir nuevas leyes, sino en cumplir las que ya existen. Reformar sin financiar es legislar sin responsabilidad. Las leyes deben traducirse en recursos, en apoyos concretos y en un cambio real en la vida de las personas.

El tercer sector no puede ser solo un observador. Tiene que seguir siendo la voz que exija compromiso político, financiación suficiente y respeto por la diversidad de modelos de atención.

Porque sin medios no hay derechos, y sin derechos no hay verdadera inclusión.