La reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia abre una nueva etapa para el sistema de apoyos y cuidados
El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, una modificación normativa que busca adaptar el modelo de atención a las nuevas necesidades sociales y reforzar los derechos de las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias.
La reforma introduce medidas orientadas a favorecer la autonomía personal, la vida independiente y la accesibilidad universal. Entre las principales novedades figuran la universalización de la teleasistencia, la ampliación de la asistencia personal, una mayor compatibilidad entre prestaciones y servicios, el reconocimiento de nuevos modelos de cuidados y el fortalecimiento de la accesibilidad como un derecho exigible.
Un sistema cada vez más necesario
La reforma llega en un momento especialmente relevante para el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que continúa creciendo como respuesta al envejecimiento de la población y al aumento de las necesidades de apoyo.
Actualmente, más de 1,7 millones de personas reciben atención efectiva a través del sistema, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Además, las solicitudes superan los 2,3 millones de expedientes en todo el país.
Pese a esta evolución positiva, persisten importantes desafíos. Según los últimos datos del Panel del SAAD, todavía hay cerca de 143.000 personas en lista de espera para recibir una prestación o servicio reconocido, mientras que el tiempo medio de tramitación continúa situándose por encima de los 300 días.
Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha aprobado una aportación extraordinaria de 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, con el objetivo de reforzar la financiación del sistema, reducir los tiempos de espera y ampliar la cobertura de atención. Las previsiones oficiales estiman que esta inversión permitirá incorporar a más de 416.000 nuevos beneficiarios y reducir las listas de espera en torno a un 47% antes de finales de 2027.
La posición de CEDDD
En este contexto, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) ha valorado positivamente la aprobación de la reforma, al considerar que supone un avance significativo en el reconocimiento de derechos y en la modernización del sistema de cuidados y apoyos.
La entidad destaca especialmente medidas como la universalización de la teleasistencia, la ampliación de la asistencia personal, el refuerzo de la accesibilidad universal y el incremento de la financiación pública destinada a la dependencia.
No obstante, CEDDD advierte de que la aprobación de la ley y el aumento de los recursos económicos, por sí solos, no garantizan una transformación efectiva del sistema.
"Ahora comienza la parte más importante: convertir los derechos reconocidos en derechos efectivos y medibles para las personas", señala Mar Ugarte, vicepresidenta de la organización.
Por ello, el Consejo considera imprescindible establecer mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación que permitan medir el impacto real de la reforma sobre la reducción de las listas de espera, la calidad de la atención, la implantación de los nuevos servicios y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos.
Además, CEDDD reitera la necesidad de impulsar un Pacto de Estado por la Dependencia y la Discapacidad que garantice estabilidad, equidad territorial y sostenibilidad a largo plazo, evitando que la atención a las personas dependa de los cambios políticos o de las diferencias existentes entre comunidades autónomas.
La organización también defiende avanzar progresivamente hacia una inversión en dependencia próxima al 2% del PIB, para responder adecuadamente al envejecimiento de la población, al incremento de las necesidades de apoyo y a los nuevos derechos incorporados por la reforma.
Para CEDDD, la nueva legislación representa una oportunidad histórica para fortalecer el sistema de apoyos en España, aunque insiste en que el verdadero éxito de la reforma dependerá de su aplicación práctica y de que las mejoras lleguen de manera efectiva a las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias.