Economía Social: el rumbo de la nueva ley y el riesgo de excluir a las empresas con impacto social
En este contexto, la nueva Ley de Economía Social busca actualizar el marco normativo para fortalecer a cooperativas, asociaciones, fundaciones y otros actores que generan valor social. Sin embargo, el debate se intensifica cuando se plantea qué hacer con las empresas de iniciativa privada, como algunos Centros Especiales de Empleo (CEE), que también contribuyen de forma significativa a la inclusión laboral.
Hacia dónde va la nueva Ley de Economía Social
La futura normativa apunta a reconocer el papel transformador de las entidades que priorizan a las personas, la sostenibilidad y el bien común. El objetivo es modernizar el sector, aumentar su visibilidad y garantizar que los fondos públicos se destinen a proyectos con impacto real en la sociedad.
Esta actualización es positiva y necesaria. Sin embargo, si la ley limita su ámbito únicamente a entidades sin ánimo de lucro, corre el riesgo de dejar fuera a muchas pequeñas empresas, familiares o de iniciativa privada que, pese a tener forma jurídica mercantil, actúan con vocación social y generan empleo para colectivos vulnerables.
El papel de los Centros Especiales de Empleo en la economía social
Los Centros Especiales de Empleo (CEE) son un ejemplo paradigmático. Más de 111.000 personas con discapacidad trabajan actualmente en estos centros, que constituyen uno de los mayores motores de inclusión laboral en España. Sin embargo, no todos los CEE forman parte de la economía social: muchos son de iniciativa privada y, aunque cumplen con los requisitos legales, quedan fuera del marco de reconocimiento social y normativo que la nueva ley pretende fortalecer.
El riesgo de una exclusión injusta
Excluir a los CEE o empresas privadas con compromiso social del marco de la economía social podría tener efectos contraproducentes:
- Desincentivar la creación de empleo inclusivo: muchas pequeñas empresas con impacto social quedarían al margen de las ayudas y políticas de apoyo.
- Perder diversidad en el ecosistema social: la economía social se nutre de la colaboración entre lo público, lo privado y lo comunitario. Limitarla debilita su riqueza y alcance.
- Riesgo de concentración de recursos: las subvenciones y fondos europeos podrían concentrarse solo en un tipo de entidad, dejando fuera proyectos innovadores o de base local que también transforman realidades.
- Desaprovechar la oportunidad de unir esfuerzos: el verdadero reto no es excluir, sino crear un marco que mida y premie el impacto social real, independientemente de la forma jurídica.
Una economía social más abierta y eficaz
El debate actual invita a repensar la economía social no como un club cerrado, sino como un ecosistema que valora el impacto, la transparencia y la solidaridad. Lo importante no es si una entidad tiene o no ánimo de lucro, sino qué hace con los recursos, cómo trata a sus trabajadores y qué contribución genera en la sociedad.
Para avanzar hacia una economía social más inclusiva, la nueva ley debería:
- Reconocer y apoyar a todas las entidades con impacto social comprobado, sin importar su forma jurídica.
- Vincular las ayudas públicas a resultados medibles en inclusión, sostenibilidad y bienestar.
- Fomentar la cooperación entre empresas sociales, fundaciones y CEE, para multiplicar el valor generado.
La nueva Ley de Economía Social representa una gran oportunidad para reforzar un modelo económico centrado en las personas. Pero si se excluye a empresas con propósito social por su forma jurídica, se corre el riesgo de debilitar el impacto colectivo. La clave está en construir un marco más abierto, inclusivo y basado en resultados, que premie a todas las organizaciones —grandes o pequeñas, lucrativas o no— que trabajen por una sociedad más justa, sostenible e igualitaria.