El Congreso llevará al Pleno la reforma de discapacidad y dependencia: avances relevantes, pero insuficientes para cubrir las necesidades reales

La reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia afronta su fase decisiva. El Congreso de los Diputados ha decidido que el texto no sea aprobado definitivamente en comisión, sino debatido y votado en el Pleno.

La decisión no es menor. Elevar la votación al Pleno sitúa la reforma en el centro del debate político y obliga a todos los grupos parlamentarios a posicionarse públicamente sobre un modelo que afecta de manera directa a millones de personas con discapacidad, personas en situación de dependencia y personas mayores.

Sin embargo, más allá de la relevancia institucional del trámite, el debate de fondo gira en torno a una cuestión clave: ¿responde realmente esta reforma a las necesidades estructurales del sistema?

Avances reconocidos, problemas persistentes

El proyecto incorpora medidas valoradas positivamente por el sector. Entre ellas, el refuerzo de la asistencia personal, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho universal, la ampliación del servicio de ayuda a domicilio —incluyendo acompañamiento en actividades comunitarias— y la compatibilidad entre empleo y prestaciones.

También se anuncian nuevos apoyos para modelos de vivienda compartida, impulso a la accesibilidad universal y prestaciones transitorias para personas con dependencia en grado II o III que no puedan acceder de inmediato al recurso asignado.

Son avances relevantes. Pero los colectivos advierten que el sistema arrastra deficiencias estructurales que la reforma no resuelve de manera suficiente.

Persisten las listas de espera, las diferencias territoriales en el acceso a servicios, la sobrecarga de cuidadores familiares y la falta de desarrollo efectivo de la asistencia personal como herramienta central de vida independiente.

La financiación, el talón de Aquiles

El principal límite señalado por el sector es la financiación. Aunque la normativa establece una cofinanciación teórica del 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, la aportación estatal real se sitúa en torno al 27,6% del gasto total, según datos sectoriales.

Esta brecha explica buena parte de las tensiones del sistema: demoras en el reconocimiento de derechos, insuficiencia de recursos y desigualdades entre territorios.

Sin un compromiso financiero vinculante que garantice estabilidad presupuestaria, los expertos advierten que la ampliación formal de derechos puede no traducirse en una mejora efectiva de los servicios.

Una reforma necesaria, pero insuficiente

La elevación del debate al Pleno refuerza la dimensión política de la reforma. No obstante, el análisis de fondo coincide en un diagnóstico: el texto supone mejoras puntuales, pero no transforma estructuralmente el modelo de atención.

No redefine de forma integral la gobernanza del sistema, no asegura financiación suficiente a medio y largo plazo y no consolida plenamente la transición hacia un enfoque centrado en la vida independiente y los apoyos comunitarios.

En este contexto, diversas voces del sector sostienen que la reforma, aun siendo positiva en varios aspectos, no cubrirá por sí sola las necesidades reales de los colectivos.

La necesidad de iniciativas paralelas

Ante este escenario, se subraya la importancia de impulsar iniciativas complementarias que permitan avanzar en una transformación social más profunda: proyectos de innovación en vida independiente, programas de empleo inclusivo sostenibles, alianzas público-privadas para acelerar la accesibilidad universal y mecanismos de evaluación que midan resultados reales.

La votación en el Pleno marcará el alcance final del texto legal. Pero la inclusión efectiva dependerá, en gran medida, de lo que ocurra después.

Porque más allá de la reforma normativa, el reto sigue siendo garantizar que los derechos reconocidos se traduzcan en apoyos reales, sostenibles y accesibles para todas las personas que los necesitan.

Ante esta situación, ACIS surge como un agente del cambio que promueve proyectos demandados por el propio colectivo, con el fin de construir una estructura sólida que contribuya a una transformación social real.