Accesibilidad frente a mercado: cuando el derecho a entender choca con las reglas del comercio
La Comisión Europea frenó la propuesta de Real Decreto impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que pretendía hacer obligatoria la información en braille y otros formatos accesibles en productos de consumo, con el objetivo de garantizar la autonomía de las personas con discapacidad visual. Junto con los gobiernos de Italia, Portugal, Hungría y Dinamarca, Bruselas emitió un dictamen motivado al considerar que la iniciativa española podría vulnerar el principio de libre circulación de mercancías dentro de la UE.
El argumento fue técnico, pero sus consecuencias son profundamente sociales: imponer requisitos específicos de etiquetado solo en España podría suponer una barrera al comercio en el mercado interior europeo, que funciona bajo normas comunes.
Una necesidad respaldada por cifras
La polémica no surge en el vacío. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.300 millones de personas en el mundo —el 16 % de la población— viven con algún tipo de discapacidad. De ellas, se estima que al menos 43 millones en Europa tienen discapacidad visual, un colectivo para el que el acceso a la información escrita sigue siendo, en muchos casos, limitado o inexistente.
En España, la accesibilidad informativa no solo afecta a personas con discapacidad sensorial. Los datos oficiales indican que solo el 68,8 % de la población de entre 16 y 65 años alcanza un nivel suficiente de comprensión lectora funcional, lo que implica que millones de personas tienen dificultades para entender instrucciones, contratos o etiquetas complejas. Además, más de 669.000 personas adultas tienen analfabetismo funcional, según el INE, lo que refuerza la necesidad de un lenguaje claro y formatos comprensibles en la información de uso cotidiano.
Cuando entender es un derecho
El acceso a la información accesible no es una reivindicación reciente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España y por la Unión Europea, establece expresamente que la comunicación debe realizarse en formatos accesibles, incluyendo el braille, el lenguaje sencillo y otros sistemas aumentativos.
El tratado reconoce que sin información comprensible no hay autonomía, ni igualdad real, ni ejercicio efectivo de derechos. En ese marco, la propuesta española se alineaba con un mandato internacional claro: eliminar las barreras que impiden a determinadas personas comprar, consumir o decidir de forma independiente.
El choque con el mercado único
Sin embargo, la Comisión Europea recordó que España forma parte de un espacio económico común y que ningún Estado puede regular de forma unilateral requisitos técnicos que afecten a la libre circulación de mercancías.
De acuerdo con la Directiva (UE) 2015/1535, cualquier país que quiera aprobar una norma técnica que pueda incidir en el comercio debe notificarla previamente a la Comisión, para evaluar si introduce obstáculos al mercado interior. En el caso español, Bruselas consideró que la obligatoriedad del braille en productos de consumo solo para el mercado nacional podía generar fragmentación normativa.
El resultado fue un frenazo jurídico que dejó en suspenso una medida ampliamente respaldada por organizaciones sociales y colectivos de personas con discapacidad.
Una paradoja europea
La decisión resulta especialmente llamativa si se observa el contexto normativo europeo. Desde junio de 2025 está en vigor la Ley Europea de Accesibilidad, que obliga a que los productos y servicios —especialmente los digitales— sean comprensibles, utilizables y accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades visuales, cognitivas o auditivas.
A ello se suma la adopción en España de la norma UNE-ISO 24495-1:2024 de Lenguaje Claro, basada en un estándar internacional, que reconoce que un texto puede ser técnicamente accesible y, aun así, resultar incomprensible para millones de personas.
La paradoja es evidente: mientras Europa impulsa la accesibilidad como principio general, frena iniciativas nacionales más ambiciosas cuando estas afectan al equilibrio del mercado.
Lenguaje inclusivo y accesibilidad: más allá del braille
El debate no se limita al etiquetado. La accesibilidad comunicativa incluye también el lenguaje inclusivo, que busca que todas las personas se sientan representadas en los mensajes públicos y comerciales. La Convención de la ONU subraya el respeto a la diversidad y la inclusión como principios fundamentales, no solo en el acceso físico, sino también simbólico y comunicativo.
Comunicar de forma inclusiva y accesible no beneficia únicamente a colectivos concretos. Reduce errores, mejora la seguridad del consumo, aumenta la confianza ciudadana y evita que la información —aunque exista— quede fuera del alcance de quienes más la necesitan.
Un debate abierto
El frenazo europeo a la norma española ha reabierto una discusión de fondo: ¿debe adaptarse primero el mercado o los derechos? Para las organizaciones sociales, la accesibilidad no debería interpretarse como una barrera comercial, sino como un estándar básico, del mismo modo que lo son la seguridad alimentaria o la protección del consumidor.
Para las instituciones europeas, el reto pasa por armonizar la accesibilidad a nivel comunitario, evitando soluciones fragmentadas que comprometan el mercado único.
Entre ambas posiciones queda una realidad incontestable: millones de personas siguen encontrando obstáculos para acceder a información tan básica como qué compran, qué consumen o cómo usar un producto.
Palabras y normas que deciden quién queda fuera
El lenguaje —en braille, en lectura fácil o en fórmulas inclusivas— no es un detalle accesorio. Es una herramienta que puede abrir o cerrar el acceso a derechos fundamentales. El caso español demuestra que la accesibilidad ya no es solo un reto social, sino también político y económico.
Y deja una pregunta pendiente para Europa: si el mercado interior es común, ¿no debería serlo también el derecho a entender?
Porque más allá de los debates normativos y de las tensiones entre derechos y mercado, hay una realidad que no admite espera: la información solo es verdaderamente pública cuando todas las personas pueden acceder a ella, comprenderla y reconocerse en ella.
En este contexto, en ACIS estamos firmemente comprometidos con la inclusión de todas las personas, y por ello ya estamos trabajando en el desarrollo de proyectos que garanticen el acceso a la información de todo el mundo, incorporando criterios de comunicación accesible, lenguaje claro e inclusivo y formatos que no dejen a nadie atrás. Porque avanzar en accesibilidad no es solo cumplir una norma: es construir una sociedad más justa, autónoma y verdaderamente compartida.
ACIS. INCLUSIÓN QUE TRANSFORMA. SOCIEDAD QUE AVANZA.